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Verdadera repartija

20 Apr. 2017

Verdadera  repartija
Ítalo Oberto Besso

La Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que en mayo se iniciará el reparto de cerca de 15 millones de soles entre los seis partidos políticos con representación en el Congreso de la República. La gran pregunta que surge hoy es ¿merecen los partidos estos recursos?

En varios países se optó por el financiamiento público de los partidos con el objetivo de limitar el ingreso del dinero negro, principalmente del narcotráfico, a la política nacional.

En algunos casos el financiamiento público se produce a condición de prohibir mediante ley cualquier aporte a la campaña electoral de empresas nacionales o internacionales.

Además, permite que el Estado supervise la utilización de estos recursos y del posible ingreso de cualquier fondo dudoso a las arcas del partido.
Todo ello con normas muy severas, con entes de control y sancionadores activos con la capacidad de incluso anular la inscripción del partido si se detecta cualquier otra fuente de ingreso.

En el Perú ese no es el caso, se aprobó y se ejecutará el financiamiento público sin filtros, controles, limitaciones, mucho menos sanciones. En la práctica, el partido no tiene ninguna responsabilidad efectiva frente al uso de ese recurso ni obligación de rechazar ‘aportes’ extraños.

Ya Italia y España, por ejemplo, descubrieron hace poco tiempo que el financiamiento público era una ilusión, ni se pudo evitar el ingreso del dinero negro de la mafia ni se frenó el despilfarro de los dirigentes políticos. Tal fue la crisis generada que se obligó a suspender el aporte público y hoy son sus propios correligionarios los que deben financiarlo.

¿Este es un festín anunciado?, ¿acaso la ONPE podrá imponer algún tipo de regulación en la vida interna del partido?, ¿qué obligaciones tiene el partido financiado con nuestros recursos?, ¿habrá algún sistema verdaderamente democrático para elegir a quienes administren estos recursos?
Sin mecanismos de control, exigencias por democratizar las internas, prohibiciones mínimas, ni medidas sancionadoras, el financiamiento público directo es un regalo que se repartirán unos cuantos, pero poco o nada hará en bien de la democracia.