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Eusebio Gomez y los juegos políticos

14 Nov. 2017

Eusebio Gomez y los juegos políticos

Por: Javier Valle Riestra

Al hablar de la justicia que persigue no a criminales de derecho común sino a derrotados, decía Eusebio Gómez: finalmente, las garantías de una justicia imparcial son mucho menores cuando se trata de delitos comunes.

No se debe olvidar que el Estado en los procesos políticos es juez y parte. La justicia administrada por la misma víctima del delito no es justicia; es venganza. Aun en el supuesto que no se tratase de un Estado despótico sino de un Estado libre, donde los poderes estén divididos y donde esté la justicia administrada por Jurados o por magistrados perfectamente independientes del Poder Ejecutivo, es casi imposible que se sustraiga a la influencia del medio y a la excitación de la opinión pública en contra del acusado, supuesto en que la mayoría sea favorable a la causa del gobierno.

En resumen, este articulo y sus homólogos del Derecho comparado son para evitar el vaevictis. Por eso no podemos descartar que pese al espíritu antiterrorista de nuestra constitución y leyes que considera comunes y no políticos por su vesania esa tipología criminal. Pudiesen nuestros tribunales, en virtud del segundo ítem del artículo que comentamos, denegar la extradición de un terrorista si “consideraciones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas” expusieran o agravasen la situación del extraditurus.

En esos casos los tribunales deberían juzgar en representación del Estado requirente. Autdedereautpunire. Seria sarcástico denegar una extradición de este tipo. De todas maneras, de la irregular extradición de Fujimori, queda como moraleja, como epilogo, que los ex Jefes de Estado no tienen inmunidad y que están más expuestos a la persecución internacional que los delincuentes estrictamente comunes.

La corrupción, los delitos de lesa humanidad, sin mayor probanza dan lugar a entregas brevi manu, sumarísimas. Sic Semper tiranis.Existía una leyenda sobre el estatuto penal presidencial. Y se resume en que el Jefe de Estado es absolutamente inmune durante su mandato y que solo responde taxativamente por traición a la patria, por impedir las elecciones parlamentarias, regionales o municipales; por disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones.

Y esa es una verdad a medias. Desde la Constitución de 1860 se dice más o menos lo mismo. Pero la clave está en que los textos de la magna lex dicen “no puede ser acusado”.