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Opinión

Alerta de secuestro

15 Feb. 2017

Alerta de secuestro
Alerta de secuestro

Por: Ítalo Oberto-Besso

El enfrentamiento entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República se intenta presentar como un enfrentamiento entre fueros, una defensa principista a la independencia del fiscal Hamilton Castro en su labor e incluso de un tiro y afloja para ver quién gana.

Sin embargo, la batalla se torna artificiosa cuando se considera que la asistencia del magistrado no implica ni haber aceptado presionar, ni haberse dejado apabullar, ni que haya tenido que revelar lo que ya es considerado reservado.

Es cumplir un procedimiento normal que fue cumplido por anteriores magistrados en coyunturas también complicadas. Es apenas la convocatoria de un Poder del Estado a una institución constitucional.

Por eso llama tanto la atención de que sean algunos medios de comunicación, algunas ONG (muchas con vínculos con el gobierno del hoy prófugo Alejandro Toledo) las que alcen las banderas de la autonomía de la Fiscalía para evitar que se concrete la reunión entre el fiscal y la Comisión Lava Jato.
Son estos organismos los que azuzan el enfrentamiento y pretenden profundizar la grieta que se ha formado en la relación del Congreso y la Fiscalía.

Hoy, por lo menos así lo pintan, el Congreso es el cuco, el malo de la película, aquel que pretende engullir al fiscal Castro para evitar que se atrapen a los corruptos. Una vez más se pretende recurrir al maniqueísmo de dividir al país entre puros y cuestionados.

Pretender aislar a la Fiscalía de las acciones indagatorias del Congreso no es una acción inocente, pues incluso no se aplica el mismo principio, por ejemplo, frente al Ejecutivo.

Mucho cuidado de que la Fiscalía termine más cercana a las ONG IDL o Aprodeh que a las autoridades electas por la ciudadanía.

Frente a la lucha contra la corrupción, sobre todo contra este caso de megacorrupción, el mayor error que se pueda cometer es el permitir el secuestro de la Fiscalía, su aislamiento, que se desprecie a un poder del Estado, en un escenario que requiere una labor conjunta de todos los poderes del Estado y de las instituciones involucradas en la administración de justicia.