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Opinión

Asilo político

21 Nov. 2017

Asilo político

Por: Javier Valle Riestra

El asilo político encuentra como contrarrelato, como factor perturbador, a la extradición. Es lugar común, un tópico en la historia de estas instituciones, recordar cómo sus actuales perfiles jurídicos datan de los fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en que, variándose un criterio secular, se consagró como dogma la inextraditabilidad del delincuente político o, más exactamente, del perseguido político.

La Ley belga de 1833 sería la primera en darle el espaldarazo. El delincuente común, al revés de antaño, devino sujeto por antonomasia de los tratados sobre la materia. Por eso se ha llegado a denominar a los pactos extradicionales como la Charta Magna del extraditurus, del delincuente. Sin embargo, paulatinamente, el campo conceptual de la delincuencia política fue reduciéndose al eliminar sucesivamente al magnicida, al falsificador de moneda con fines de sabotaje político-económico, al anarquista, al autor de crímenes vandálicos, al genocida, a quien se apodera ilícitamente de aeronaves comerciales en vuelo, etc.

La extradición que tocaba a los magnicidas desde la clause belge (concebida luego del intento de los Jacquin contra Napoleón III, en 1854) alcanzaría paradójicamente a los propios Jefes de Estado, como se intentó con el Kaiser Guillermo II (1919), sin éxito, y, con éxito, respecto al ex dictador Perez Jiménez ( 1959), acusado de peculado, asesinato y otros delitos comunes. Incluso, alcanzaría a individuos como el ex presidente boliviano Garcia Meza (1994).

El caso de Noriega (1990), juzgado y condenado en Estados Unidos, no fue una extradición técnicamente hablando. La institución ha evolucionado así desde los ancestrales días de la entrega de Sansón a los filisteos y de los aqueos a los espartanos o del acuerdo de Ramsés II con el principio hitita de Chetta en el año 1933 antes de Cristo hasta pasar por el precursor libro del holandés Provo Klutt, broquelador del concepto “delincuencia política” en su obra De Deditione Profugorum o entrega de los prófugos.

Era el año 1829. Ya en 1802 Luis Gabriel de Bonalde alegaba contra la entrega de los refugiados políticos. En 1815 el principio era consagrado en la Cámara de los Comunes por Mac Kintosh. En 1829 Inglaterra invocó este principio y rechazó la entrega a Rusia zarista de uno de los responsables del alzamiento de San Petersburgo.

Y Lord Palmerston afirmaba que una regla observada más que ninguna otra en los tiempos modernos por todos los Estados independientes “grandes o pequeños es la no entrega de los refugiados políticos, a menos de estar obligados a ello por las estipulaciones positivas de un Tratado”.