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Opinión

Designación del contralor general de la República

08 Jul. 2017

Designación del contralor  general de la República

Por: Francisco Chirinos Soto.

Destituido por el Congreso, el ex contralor general de la República Edgar Alarcón, debe ser sustituido por quien el propio Congreso, según lo dispone el artículo 82° de la Constitución del Estado, designe a propuesta del Poder Ejecutivo. En estos días se ha comentado insistentemente que el Gobierno debe proponer una terna de candidatos para tan prominente cargo, pero el Presidente del Consejo de Ministros, don Fernando Zavala, ha anunciado que el Ejecutivo remitirá un solo candidato. He aquí un tema que puede resultar controversial.

Ni la Constitución ni la Ley 27785 –Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República- habla de una terna de candidatos, sino de la atribución del Ejecutivo de formular la proposición respectiva. Quiere decir, por tanto, que el Primer Ministro tiene la razón. Empero, surge la interrogante que consistiría en que el Congreso no esté de acuerdo con el candidato enviado por el Ejecutivo ¿Podría negarse a designarlo y devolver el tema al Gobierno, para que éste, a su vez, escoja un postulante distinto? “Hic sunt leones” (Aquí hay leones) diría el célebre jurista italiano Francesco Carnelutti.

Creo que sería preferible la pluralidad en la proposición, o sea la terna de candidatos, a fin de no pretender colocarle al Poder Legislativo algo así como una camisa de fuerza, en que no puede hacer otra cosa que designar al personaje escogido por el Poder Ejecutivo, o verse en la necesidad de retornar el tema desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza de Armas.

Las ternas han sido utilizadas durante decenas de años para el nombramiento de magistrados superiores. Era la Corte Suprema la que remitía “ternas dobles” o sea seis candidatos cuando se producía una vacante de vocal o de fiscal superiores. Y el Poder Ejecutivo escogía uno de ellos. Y si se trataba de una plaza de Vocal o Fiscal Supremos, el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso –diez candidatos- para que de ahí se elija al nuevo magistrado supremo en la vacante producida.

La designación de magistrados de primera, segunda y tercera instancias es ahora, por mandato constitucional, atribución privativa del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo de múltiple conformación sin presencia política. Dicho Consejo convoca y organiza los concursos y exámenes correspondientes y finalmente, de acuerdo a sus resultados y por votación de sus miembros, cubre la plaza vacante. Al propio Consejo le corresponde, además, la complicada tarea de investigar y sancionar hasta con la destitución a los magistrados supremos, así como sancionar a los de instancias inferiores según propuesta de la Corte Suprema. Creo que sin haber llegado a la perfección, nuestro país ha avanzado significativamente en esa importante materia. También tiene el Consejo Nacional de la Magistratura la atribución de ratificar periódicamente a los jueces y fiscales de la República sin que las decisiones deban ser necesariamente fundamentadas. Ha ahí el viejo motivo de insalvables discrepancias, pues las ratificaciones periódicas que, cuando menos teóricamente, no constituyen sanción ni castigo, significan el apartamiento definitivo de la persona con relación a la magistratura. En la práctica, la “no ratificación” de un magistrado lleva consigo un baldón para el afectado.
Volviendo al tema del contralor, el país espera que el candidato del Gobierno exhiba todas las virtudes morales, intelectuales y jurídicas necesarias para el ejercicio de tan prominente y delicada función.