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Opinión

Detención preventiva

27 Jul. 2017

Detención preventiva

Por: Antero Flores-Araoz

Con ocasión de la detención preventiva del ex Presidente de la República Comandante Ollanta Humala, y su cónyuge Nadine Heredia, se ha generado un debate tanto en medios periodísticos como en redes sociales.
En el debate en cuestión hay dos grupos bien definidos, por un lado los lego en Derecho, aunque quizás muy versados en otras disciplinas, y los integrantes del mundo jurídico.

En el caso del primer grupo, con mayoría abrumadora según las encuestas, se inclinan por considerar justa, o conveniente, o apropiada la detención preventiva o provisional, que no es otra cosa que privar de la libertad y someter a carcelería provisoria a quién aún no ha concluido su juzgamiento, pudiendo incluso estar en la etapa de la investigación preliminar.

Las motivaciones del mencionado grupo son diversas, entre ellos la decepción frente a quienes vieron antes de asumir el poder gubernamental, como diferentes a otros gobernantes que se consideraban que estaban vinculados a actos de corrupción. También hay personas que estimaron que tenía que castigarse con todo el peso de la ley, a quienes se les imputaba que habían recibido colaboraciones económicas foráneas no permitidas. Otros, del círculo político de la llamada “pareja presidencial” por entender que habían defraudado su confianza al no ingresar todos los aportes financieros de campaña a las arcas partidarias. Como vemos las motivaciones son variadas, y nos hemos limitado únicamente a poner algunos ejemplos.

El otro grupo de los versados en disciplinas jurídicas, mayoritariamente han distinguido la naturaleza de lo que es la detención provisional de lo que es el juzgamiento y la sentencia condenatoria, expresando por lo general su rechazo a la medida provisoria por cuanto no se habrían cumplido los requisitos legales para otorgarla, como son, entre otros que exista peligro procesal o de fuga, sin haberse acreditado suficientemente ninguno de ellos, y más aun dándole a la orden de detención un matiz de pre-sentencia condenatoria, sin que se haya concluido el proceso. No defiendo a los esposos Humala – Heredia, allá sus abogados, pero como profesional en Derecho tengo muy presente el precepto constitucional de la presunción de inocencia, frente a la culpabilidad que tiene que acreditarse en el debido proceso. Adicionalmente, no me complace el mal de nadie.

Hasta aquí el caso concreto al que nos referimos, pero más allá del mismo, debemos preocuparnos por la facilidad como los fiscales solicitan la detención provisional y como los jueces la conceden, sin que necesariamente se cumplan los supuestos para ella. Estamos ante el abuso de una prerrogativa judicial de excepción, pues lo regular debe ser que los procesamientos judiciales penales se ventilen con libertad de los inculpados.

Nos estamos acostumbrando – y he allí el peligro – a que fiscales y jueces sucumban a la presión mediática, y por cualquier cosa envíen a prisión a ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, y esto hasta en accidentes de tránsito, sin voluntad de causar daño, cuando se produce perdida de vida o lesiones. De aproximadamente 83,600 detenidos en establecimientos penales, por lo menos 42,000 no han recibido sentencia y se sigue tugurizando los penales.