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Opinión

El efecto De la Flor

02 Nov. 2017

El efecto  De la Flor

Por: Martín Belaunde Moreyra

La renuncia de Pablo de la Flor a la jefatura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios plantea una serie de modificaciones al gobierno. El primero proviene del divorcio entre el renunciante De la Flor y las autoridades regionales y locales con las que debía trabajar. Este divorcio tuvo muchísimas causas, sin duda una falta de empatía temperamental de las partes involucradas para trabajar conjuntamente en miles de proyectos de la más diversa magnitud. También, el exceso de normas reglamentarias que dificultan en grado extremo la acción del Poder Ejecutivo cuando el público y los damnificados esperan resultados inmediatos.

Y aquí también me refiero a la Contraloría que ha cobrado una inmensa fuerza en la lucha contra la corrupción, pero que, a pesar de todas las últimas declaraciones de su titular, cuya capacidad reconozco, aún no define cual es su verdadera labor. ¿Un control concurrente en el momento que se licitan y contratan las obras o un control posterior respecto de su ejecución? Si es como señala el Contralor, el control concurrente inevitablemente demorará la ejecución de las obras de reconstrucción. Mejor sería entonces que la Contraloría se convierta en la Autoridad para la Reconstrucción con o sin cambios y que asuma la responsabilidad de la tarea. Pero obviamente eso sería violatorio del artículo 82 de la Constitución, porque la Contraloría es un órgano de control, no de ejecución.

Me pregunto, ¿qué es primero la ejecución o el control previo y concurrente? Si el control viene antes o se presenta en simultáneo con la licitación, las cosas demorarán. Puede que quizás mejoren o tal vez se ahorre dinero más tarde, pero ¿qué significa un ahorro teórico frente a la urgencia de finalizar trabajos antes que se presente nuevamente un Niño Costero o la protesta del pueblo damnificado? En mi opinión hay ciertos trabajos como la descolmatación de los ríos o la reconstrucción de defensas ribereñas, que deben priorizarse y contratarse mediante adjudicación directa por metro cuadrado o volumen ejecutado. Las autoridades y la misma Contraloría deben tener una idea bastante exacta de cuál es el costo de esos trabajos considerando su magnitud, la maquinaria y el personal involucrado. Entonces se deben pactar contratos de ese tipo, donde el postor favorecido sea quien ofrezca el precio más bajo en función de las especificaciones. Si hubiere un mayor costo final del 5 o 10% de la obra, la Contraloría deberá aprobarlo, lo cual sería una manifestación práctica del control.

En esta temática el gobierno del Presidente Kuczynski debe plantearse una prioridad fundamental. La Reconstrucción hoy es su primer desafío y las respuestas tienen que estar a la altura de las circunstancias, pero también lo es para la Contraloría. Lamento la salida de Pablo de la Flor y no dudo de su capacidad y honorabilidad, pero si no pudo llegar a entendimientos prácticos con sus socios en esta tarea, su renuncia era inevitable. Su reemplazante, el economista Edgar Quispe, tendrá que cumplir la difícil labor de entenderse con los actores locales y también nacionales, con la Contraloría y obviamente con las empresas contratistas. Y si el gobierno para ese efecto debe remover obstáculos legales o administrativos, entonces tendrá que hacerlo por la vía de los decretos de urgencia.