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Opinión

El límite de edad en la función pública

14 Oct. 2017

El límite de edad en  la función pública

Por: Francisco Chirinos Soto

Solamente los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, según lo establecen sus respectivas leyes orgánicas, tienen como límite la edad de setenta años para el ejercicio de sus delicadas e importantes funciones. El día mismo que cumplen esa edad se produce automáticamente su cesación.

Recuerdo, a propósito, que cuando el dictador de la segunda fase, General Francisco Morales Bermúdez, quiso librarse de un ejemplar magistrado, como lo fue el doctor Francisco Velasco Gallo –tío carnal del dictador de la primera fase- expidió un decreto ley modificatorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial y bajó a 62 años el límite de edad para los magistrados supremos.

Velasco Gallo tenía 63 años, de tal manera que resultó cesado el día mismo en que el decreto ley de marras fue publicado en El Peruano. Un magistrado amigo mío que presidía un tribunal correccional y estaba en plena audiencia en la Corte Superior de Arequipa, fue interrumpido para hacerle conocer que un telegrama de la Corte Suprema le comunicaba que estaba cesado.

La audiencia se frustró y hubo de un tribunal correccional y estaba en plena audiencia en la Corte Superior de Arequipa, fue interrumpido para hacerle conocer que un telegrama de la Corte Suprema le comunicaba que estaba cesado. La audiencia se frustró y hubo de recomponerse en tribunal. Pocos días después –cumplido su objetivo principal- Morales Bermúdez derogó su decreto ley y las aguas volvieron a su nivel. Los setenta años fueron restituidos como límite de edad.

El suceso que motiva estas líneas se refiere al nombramiento de un ciudadano de más de noventa años para el ejercicio de una función burocrática en el Ministerio de Justicia. Por lo que parece, el propio nonagenario ha sido el primer sorprendido con la designación, aunque su salud física y mental se hallan en muy buenas condiciones y hubiera podido asumir la prebenda, pero ha preferido renunciar a la misma y el Gobierno ha procedido a cubrir la plaza con otro ciudadano.

Se trata, ciertamente, de un organismo absolutamente burocrático que tiene a su cargo recibir y tramitar, previo estudio, las solicitudes de indulto que formulen o puedan formular los internos de las cárceles que están purgando condena a pena privativa de libertad con sentencia firme. Es una dependencia del Ministerio de Justicia que solamente sirve para pagar sueldos a burócratas cuya actividad no sirve para nada, ya que el Presidente de la República, titular exclusivo del derecho de gracia por mandato constitucional, no se halla obligado a seguir las conclusiones ni las recomendaciones de ese conjunto afortunado de funcionarios y trabajadores –si puede llamárseles de esa manera- que tienen acumulados y en fatigosísimo estudio varios millares de peticiones de indulto.

La semana pasada, precisamente, hablamos del indulto y dijimos que, históricamente, es un derecho del rey que los sistemas republicanos han recogido para otorgarle al presidente o jefe de estado. En nuestro país, como en las demás repúblicas del continente, principiando por la más vieja, que es la de los Estados Unidos de América, es el Presidente, en toda la nación, y el Gobernador, en cada estado quien maneja esa prerrogativa.

Lo ocurrido constituye, en suma, un pasaje pintoresco de nuestra política, parecido en alguna medida con el caso sucedido varios decenios atrás, cuando un vociferante líder resultó nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Parece que también hubo error, pero el beneficiario apuró los trámites y prestó juramento, para ocupar por un día el despacho principal del Palacio de Torre Tagle. Vino la correspondiente rectificación. Nos recordó entonces a una película norteamericana cuyo título fue “Reina por un Día”.