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Opinión

El presidente y las comisiones investigadoras

28 Oct. 2017

El presidente y las  comisiones investigadoras

Por: Francisco Chirinos Soto

La negativa del Presidente de la República a comparecer ante la comisión investigadora designada por el Congreso Nacional para ocuparse del delicado asunto público conocido como Lava Jato, ha desatado otra de las polémicas a las que somos tan adictos los peruanos. Hay quienes, de un lado, consideran que el Jefe del Estado tiene la obligación de tal comparecencia y otros, en cambio, afirman que no está sujeto a tal obligación.

Estos últimos, entre los cuales ha de estar necesariamente el primer mandatario acompañado de sus ministros, afirman que la Constitución trae en su articulado un precepto que establece, precisamente, la exoneración a favor del titular del Poder Ejecutivo a acudir al emplazamiento que le hiciera una comisión parlamentaria. Pues bien, un simple examen del texto constitucional ilustra claramente sobre que tal prerrogativa no existe.

En cambio, quienes pensamos de distinta manera, nos apoyamos en lo dispuesto por el artículo 97° de la Constitución, el cual señala que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y que es obligatorio, por requerimiento, comparecer ante las comisiones designadas. No trae excepción alguna para nadie. Para nadie que esté bajo el imperio de nuestra Constitución. Comparecer, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “presentarse uno frente al otro, personalmente”. No es enviar una carta.

Ahora bien, los miembros de la comisión parlamentaria que llamaron al señor Kuczynski le ofrecieron concurrir personalmente a Palacio de Gobierno para esta presentación. Se trató de un gesto de cortesía. Sin embargo, el Presidente se negó. Y de esa manera ha incurrido en infracción constitucional, pues él, primero que nadie, está en la obligación de cumplir con los preceptos de nuestra Carta Magna. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución” señala como primera atribución presidencia el artículo 118° de nuestra Ley de Leyes.

Todo parece indicar que la tesis relativa a la exoneración del Presidente de la República respecto de la obligación que estamos examinando se apoya en lo dispuesto por el artículo 117° de la Constitución, según el cual el Jefe del Estado solamente puede ser acusado durante su mandato por los delitos allí consignados. No es, ni remotamente, el caso que estamos considerando. Al señor Presidente nadie lo está acusando de delito alguno. Se le está reclamando únicamente su presencia para ser interrogado en torno a temas de actualidad en nuestra política y de enorme interés colectivo. No existe ninguna razón constitucional, política, legal o ética que sustente válidamente su extraña negativa a cumplir con el requerimiento de la comisión investigadora del Congreso.

Su resistencia puede, cuando menos en teoría, resultarle negativa y contraproducente, ya que de esa manera, como se ha dicho, está violando la Constitución. Y conforme al artículo 99° de la Constitución, podrá darse el caso que la Comisión Permanente del Congreso acuse ante el pleno parlamentario al Presidente de la República, “por infracción de la Constitución” y, a partir de ello, resultar inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por diez años y ser destituido de la función, según reza, en términos nítidos y severos, el artículo 100° de la Constitución de 1993.