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Opinión

Extradición: en el caso samper, 1934

20 Jun. 2017

Extradición: en el caso samper, 1934

Por: Javier Valle Riestra

El caso de Joaquín Máximo Samper, defendido por Luis Jiménez de Asúa, de 1934, es una pieza de seminario porque comprende dos principios informativos de la extradición: a) nulla extraditio sine lege; y b) el respeto al principio de la especialidad.

Se interpuso recurso contra sentencia expedida en única instancia y en juicio oral y público por la audiencia de Badajoz. Alegóse que se había cometido infracción de ley porque el hecho no es delito según el Tratado de extradición hispano-portugués del 25 de junio de 1867 y porque la circunstancia posterior a la comisión del delito de entregarse por este país el delincuente a España, conforme a los preceptos del expresado Convenio, impide penar su conducta.
Samper, sin nombramiento hecho en forma legal y sin hallarse apoderado notarialmente, venía desde varios años actuando como Gerente de la Federación Católico-Agraria de Badajoz, entidad resultante de la Agrupación de Sindicatos de igual carácter de la provincia, en virtud de la omnímoda confianza en él depositada por todos los componentes directivos de dicho organismo.

Y prevaliéndose de las facilidades que le daba aquella plena y absoluta confianza, conociendo también la situación económica de la entidad y sus cuentas con los distintos sindicatos agrupados, que él solo llevaba, libró, a nombre de la Federación y con la antefirma de “El Gerente”, según acostumbraba, hasta once letras de cambio en contra de otros tantos sindicatos, por la suma total de 327.635,65 ptas., suponiendo en todas y en cada una de ellas la intervención de los respectivos aceptantes y fingiendo o imitando con tal fin las letras de las firmas y las rúbricas de éstos en el correspondiente concepto del representante de los organismos librados, ninguno de los cuales era deudor de la Federación por las cantidades consignadas en el giro.

Negoció después las once letras, a descuento, en la Sucursal del Banco Hispano Americano de esa plaza, sin que a su vencimiento lograse dicho Banco hacerlas efectivas de los que aparecían como aceptantes, porque éstos no lo habían sido en realidad, ni habían estampado las firmas que figuraban.

El fiscal acusó por trece delitos de falsedad con lucro propuesto en todas. La sentencia dijo que no era necesario añadir a tales elementos objetivos el propósito específicamente doloso del lucro personal del agente ni del perjuicio a tercero. “Aunque no se haya demostrado suficientemente que lo hiciera con miras a su propio lucro”.