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El diario de todos los peruanos
Opinión

¿Hay empresas delincuentes?

29 Nov. 2017

¿Hay empresas delincuentes?

Por: Martín Belaunde Moreyra

Muchos dirán que sí y sacarán el obvio ejemplo de las contratistas brasileñas envueltas en sobornos en el Perú y el mundo. Sin embargo, la cosa no es tan simple. En estos momentos algunos nombres se han vuelto caseritos, sin duda Odebrecht, pero debemos distinguirlos de quienes dirigen esas empresas, así lleven el mismo apellido. ¿Eso significa que tales empresas no tengan una responsabilidad económica por los latrocinios cometidos por su intermedio? Evidentemente que no. Esas empresas responden con su patrimonio, por los daños y perjuicios que han originado a los países que las contrataron, pero se trata de una responsabilidad civil, no penal. Hasta el día de hoy, en el Perú y en la inmensa mayoría de los países del mundo, las empresas como personas jurídicas no responden por los delitos perpetrados utilizando su indumentaria legal. Y eso lo debemos tener en cuenta. El fabuloso éxito de las sociedades anónimas, sociedades por acciones, compañías, corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, según como se les llame, reside en la separación legal entre los dueños y sus empresas.

¿Nuevamente me pregunto si esta separación se convierte en una licencia para matar al estilo James Bond? De ninguna manera, cuando ocurren esas situaciones “se rasga el velo societario” para accionar directamente contra los individuos que dirigieron esas actividades delictivas. Ellos son los responsables penales y por eso tenemos en el Brasil a distinguidos miembros de la familia empresarial Odebrecht, entre ellos a Marcelo, no solo en prisión sino además condenados, bajo el régimen especial denominado de “delación premiada”. Régimen que en el Perú recibió la denominación de “confesión sincera” y ahora de “colaboración eficaz”. Sin embargo, esos sistemas procesales tienen por objeto hacer más eficientes las investigaciones penales para llegar al fondo de las actividades delictivas de las empresas, a fin de conocer si la clase política estuvo involucrada y en cuanto se benefició.

En América Latina hemos alcanzado, parafraseando al Presidente Eisenhower, los máximos resultados del “complejo privado estatal” a través de las empresas contratistas de obras públicas. Arreglo mágico en el cual todos ganaban, las empresas y sus socios políticos, generalmente de izquierda. Sin embargo, las empresas organizadas como personas jurídicas no responden penalmente por los delitos en los que sus dueños y directivos las usaron como pasivo instrumento legal. Los responsables penales son sus presidentes, directores ceos, gerentes generales, ejecutivos de confianza involucrados en los delitos de corrupción o en cualquier otra modalidad delictiva. Pero no todos, sino aquellos exclusivamente involucrados. Los trabajadores de más abajo no tienen por qué sufrir su conducta delictiva. Justos no deben pagar por pecadores. Los dueños y ejecutivos de las contratistas y proveedores de las empresas corruptoras tampoco, salvo que participen en la realización de los delitos.

El delito es una acción u omisión humana no de un ente colectivo, que solo deberá enfrentar sus consecuencias económicas, multas, pago de reparaciones, pérdidas de contratos, licencias, permisos y hasta su extinción legal. La disolución de una persona jurídica sería el equivalente más cercano a la pena de muerte. Sin embargo, siempre deberán considerarse los daños colaterales al Estado, a la sociedad y también a terceros, pero la discusión de ese tema es harina de otro costal.