logo La Razón
El diario de todos los peruanos
Opinión

Juicio de residencia contra el ex presidente Castilla

18 Apr. 2017

Juicio de residencia contra el ex presidente Castilla
Javier Valle Riestra

Por: Javier Valle Riestra

Bajo el mandato de la antigua constitucionalidad se produjo un frustrado intento para residenciar al ex presidente Ramón Castilla, que había concluido su periodo gubernativo en abril de 1851. Invocando el artículo 118° de aquella Constitución, el Fiscal de la Corte Suprema, Francisco Javier Mariátegui, entabló la acción correspondiente. Manuel Pérez de Tudela hizo fijar edictos en los lugares públicos citando la ley Primera, Título 15, Libro 5° de Indias, convocando a los quejosos contra la cesante administración.

Inmediatamente se inició un debate. Los diputados Coronel Zegarra, Costas y Basagoitia presentaron en su Cámara un proyecto de ley declarando inconstitucional la pretensión de la Corte Suprema y acusando a los que habían participado de tal acuerdo. ¿Tenía derecho la Corte Suprema a abrir el Juicio de Residencia? ¿Era, acaso, necesario esperar que la Cámara de Diputados acusase al funcionario cesante ante la Cámara de Senadores?

Pensamos que la Corte Suprema no necesitaba esperar tal proceso parlamentario. Los artículos 35° y 42° estaban enderezados a accionar el Juicio Político de Responsabilidad durante el encargo del Presidente. Y aquí lo demandado era la Residencia. Jamás en nuestras leyes y constituciones se había confundido el Juicio Político con el Juicio de Residencia.
Es bastante remitirse al dictamen del Consejo de Estado en el caso de Matías León, donde explicaba meridianamente cómo los Ministros de Estado estaban sujetos a responsabilidad y no a Residencia; a la entonces no derogada Ley de 17 de junio de 1834, que en su artículo 33° manifestaba que en los casos que según la Constitución se debiera abrir el Juicio de Residencia, se observarían las leyes de la materia.

Y por fin, al mismísimo artículo constitucional 118°, en que mientras en su inciso 1°, el de las causas criminales, se ajustaba al procedimiento parlamentario según los artículos 35° y 42°, el inciso 2, el de la Residencia, no estimaba esa limitación. Durand, el esforzado estudioso de la Residencia en la República, dice: “¿Cómo confundir uno y otro sistema de control? El artículo 35° de la Constitución se refería concretamente a la acusación del Presidente en ejercicio y solamente por determinadas causas.

La Residencia comprendía a cualquier acusación, y sólo al cesante”. Una ley promulgada el 27 de agosto de 1851 declaró que el auto de la Corte Suprema por el que se abría Residencia a Castilla, no era conforme a los principios constitucionales, disponiendo que se cortara todo procedimiento.