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Opinión

Juzgar jueces, encarcelar policías

30 Jun. 2017

Juzgar jueces,  encarcelar policías
Sergio Tapia

Por: Sergio Tapia

La semana se inició con la decisión en el Congreso, por amplia mayoría, de admitir la Denuncia Constitucional, que yo he formulado contra cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), en mi calidad de abogado del Personal Naval injustamente perseguido por su victoria contra el Partido Comunista del Perú (equivocadamente llamado “Sendero Luminoso”), en la debelación del motín armado del 18-19 de junio de 1986, por presos. Persecución que se explica por la anidación de la corrupción caviar (comunistas y socialistas reciclados, que juegan a la democracia), en determinadas estructuras del Estado.

La decisión adoptada en sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es de capital trascendencia para la vida republicana, pues, permite limpiar el aparato del Estado de personas inidóneas que ejercen mucho poder, sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como en este caso, lo son los magistrados del TC.

Además, despierta esperanzas fundadas sobre la renovación y revitalización de nuestra República, tan venida a menos por la inmoralidad, la incompetencia, la impreparación y la decrepitud de la ideologización (cual sea ésta: político-económica como la del socialismo comunista; económica con poderes de facto como la del capitalismo salvaje, o la perversa ideología de género que destruye la base de la Sociedad que es la familia fundada en el matrimonio, entre varón y mujer).
No todas las denuncias constitucionales son admitidas, casi la mayoría se califican improcedentes y tienen como destino el archivo. Porque, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la admisión de una Denuncia Constitucional, implica la verificación de que “los hechos o conductas que se denuncian (…) se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución”. Por lo tanto, no es una postulación de algo nebuloso con cargo a probanza; aunque evidentemente prosiga un procedimiento que garantiza el descargo y la defensa de los acusados. Pero, el procedimiento se da por iniciado, cuando hay certeza inicial de la existencia de un quebrantamiento constitucional.
Todos los ciudadanos debemos observancia a la Constitución, pero de manera especial los funcionarios del Estado, porque la Constitución establece los límites del poder que ellos ejercen, y el equilibrio con los derechos del ciudadano.
Pro, este caso El Frontón, resulta que los funcionarios que tienen que garantizar la vigencia de la Constitución para el resto del país y para todo el Estado, han sido quienes han transgredido groseramente tres principios constitucionales: modificar la cosa juzgada, someter a procedimiento distinto del que está establecido por ley, y revivir procesos fenecidos reabriéndolos.

Estos cuatro magistrados del TC por favorecer intereses ideológicos, cuando menos; reabrieron un caso de Habeas Corpus cerrado desde el año 2013; modificaron la sentencia que se había emitido por un anterior Tribunal Constitucional, es decir, sustituyeron a los jueces naturales de esa causa; y aplicaron el procedimiento de corrección de errores que se permite dentro de los 2 días siguientes de emitida la sentencia, haciéndolo 4 años después.

Estos 4 del TC que fueron elegidos por el Congreso anterior, son como los 24 policías de las direcciones de criminalística y de inteligencia, descubiertos como colaboradores de una banda de delincuentes.

Limpiar de elementos indecentes y delictuosos al estado, es la primera etapa de una necesaria transformación social, política y sobre todo moral que el Perú y los peruanos reclaman. Blog (colección artículos publicados en La Razón): http://sergiotapiatapia.blogspot.com/