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Opinión

La calificación del asilo

11 Apr. 2017

La calificación del asilo
Javier Valle

Por: Javier Valle Riestra

Corresponde de manera unilateral y exclusiva al Estado receptor, pues, como señala Barcia Trelles, “el reconocimiento del Derecho de asilo implica la consecuencia de la posibilidad de su puesta en práctica, y esto último sería imposible si al Estado receptor, al conceder el asilo, se le deniega la facultad de justificar la hospitalidad concedida mediante la calificación del delito”. Esto ha sido consagrado en los artículos 4 y 9 de la Convención de Caracas de 1954 cuando establecen lo siguiente: “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.

El funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para formar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos; pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido”.

Se debe insistir en que los beneficios del asilo solo corresponde otorgarlos a los perseguidos políticos y no a quienes hubieren perpetrado delitos comunes. Si estos últimos penetrasen en un local diplomático para asilarse, deberán ser invitados a retirarse o ser entregados a la autoridad local.

Por el contrario, tal como lo ha establecido la CIJ en el afer Haya de la Torre, los delincuentes políticos no pueden ser entregados –obligación de non refoulement- ni aunque el asilo hubiere sido irregular o ilegalmente concedido. Ahora bien, el asilo puede ser concedido, según el artículo I de la Convención de Caracas de 1954, en las legaciones diplomáticas –entiéndase sede de misión diplomática-, residencia de los jefes de misión y locales habilitados para habitación de los asilados-, navíos de guerra y campamentos y aeronaves militares.

Se precisa que, cuando las naves de guerra o aeronaves militares estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden constituir recinto de asilo. Otorgado el asilo diplomático, el Estado asilante debe poner este hecho en conocimiento del Estado territorial y puede pedir la salida del asilado.

El Estado territorial está obligado a otorgar las garantías del caso y el correspondiente salvoconducto. Le toca al Estado asilante el traslado del asilado fuera del país. En este punto se debe referir que han existido celebres casos de personas retenidas por muchos años en la misión diplomática extranjera como consecuencia de la negativa del Estado territorial de conceder el salvoconducto correspondiente.

Este fue el caso del cardenal Mindszenty que estuvo cerca de 20 años asilado en la embajada de Estados Unidos en Budapest, el de Víctor Raul desde 1949 a 1954 en la embajada de Colombia en Lima, el de los hermanos Cardozo en la embajada de Paraguay en Argentina o el del presidente Cámpora en la embajada mexicana en Argentina.