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Opinión

La designación de magistrados

05 Aug. 2017

La designación de magistrados

Por: Francisco Chirinos Soto.

La Sala Plena de la Corte Suprema de la República, presidida por el magistrado Duberli Rodríguez Tineo, ha emitido un valioso pronunciamiento con relación al proyecto de modificación en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

Los jueces supremos, por unanimidad, han respaldado la iniciativa pero han discrepado sobre su contenido mismo, en cuanto a las entidades o funcionarios que deben integrar ese elevado organismo público. La Junta de Fiscales Supremos ha hecho un pronunciamiento semejante.

Particularmente valiosas son estas dos posiciones, porque parten de jueces y fiscales que han llegado a la cúspide de sus respectivas trayectorias y que, por lo mismo, no necesitarán ya de la intervención del Consejo Nacional de la Magistratura para lograr un ascenso.

Además, su larga trayectoria en el desempeño de las respectivas funciones en las diversas instancias le concede un singular valor a sus opiniones y recomendaciones.

El Consejo Nacional de la Magistratura existe a partir de la Constitución de 1979. En la Carta Fundamental vigente, sancionada en 1993, fueron reproducidas las disposiciones de aquélla. En ambas, por tanto, se aprecia el mismo espíritu en orden a la existencia de una entidad técnica y despolitizada que tenga a su cargo la designación de todos los jueces y fiscales de la República, a menos que provengan de elección popular. Como hasta ahora no se ha establecido alguna forma de designación popular, resulta obvio que al Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde el nombramiento de todos los jueces y fiscales del país.

Según el artículo 155° de la Constitución vigente, el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por siete miembros, que pueden ser ampliados a nueve, por decisión del pleno del mismo Consejo. No parece la mejor conformación, puesto que ha habido casos en que personas totalmente ajenas a los quehaceres judiciales han participado en la designación de jueces y fiscales. Hubo una representante gremial de las enfermeras del Perú con asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. Con todo el respeto que me merece profesión tan noble y abnegada como es la enfermería, no creo que precisamente una enfermera esté en condiciones de apreciar las calidades de los aspirantes a jueces y fiscales en el Perú.

Entonces, resulta digno de respaldo el propósito de encontrar una mejor formación al Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual será menester, por cierto, el trámite no tan simple de una reforma constitucional. Pero tendrá que hacerse y para ello tomar en cuenta las propuestas de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República y de la Junta de Fiscales Supremos, así como de otros organismos e instituciones que tengan interés en la materia, como son los Colegios de Abogados de todo el país.

Un número más restringido de miembros, que podría ser cinco, todos ellos designados por instituciones directamente relacionadas con las tareas judiciales, podría ser un buen comienzo de la reforma. Además, será conveniente perfeccionar su normatividad interna, para lograr una actividad más eficiente y oportuna. No es admisible, al respecto, que se pasen meses y meses con la Corte Suprema integrada por buen número de magistrados provisionales.

En fin, corresponderá al Congreso de la República y, en especial, a sus comisiones de Constitución y de Justicia, la elaboración de los proyectos respectivos, y al pleno su aprobación, para lograr el propósito perseguido, cual es el de dotar al Perú de un Consejo Nacional de la Magistratura apropiado y útil.