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Opinión

La extradición ante el Tribunal Internacional

10 May. 2017

La extradición ante el Tribunal Internacional
Javier Valle Riestra

Por: Javier Valle Riestra

Martilleo, reitero: el Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín (1929) resolvió problemas territoriales (Tacna para el Perú, Arica para Chile, servidumbres de acueductos y vía férrea, etcétera) pero no se ocupó del dominio marítimo. No existía entonces el Derecho del Mar. El mar era unidimensional y no pluridimensional como hoy, con fondos marítimos y espacio aéreo. Demandar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es viable. Este camino ya ha sido tomado, invocando el artículo XXXI del Pacto de Bogotá (1948), por Nicaragua contra Colombia (2001).

Se ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia. Se fundamenta en el uti possidetis (es decir, la situación territorial que tenía la Capitanía General de Guatemala, de la que se desprendió la parte demandante en la Independencia), para reivindicar el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como los cayos de Roncador y Quitasueño. Examinemos, finalmente, la conveniencia de firmar la Convención del Mar. Más de 150 Estados la han ratificado. Reconozcamos que nuestra legislación nunca hablo explícitamente de mar territorial ni menciono el paso inocente de naves que es la característica de ese espacio acuático.

Dos cenáculos constituyentes, el de 1978-1979 y el de 1993, han excluido esa terminología con el propósito de adecuarnos a la Convención. Nuestro aislacionismo nos impide, fundamentalmente, formar parte de la Autoridad de los Fondos Marinos. Olvidamos que los nódulos polimetálicos se encuentran en la cuenca del Pacifico. Que a quinientas millas –es decir, más allá de las doscientas- de la costa peruana, en la falla de Galápagos, está un riquísimo yacimiento de sulfuros polimetálicos que contiene 25 millones de toneladas de precipitados de zinc, cobre, manganeso, etc. En la misma cuenca se hallan las crestas oceánicas de la Gerda y Juan de Fuica, la de Fiji, del Norte de Lau, Bismark, Depresión de Havre. Esa es la minería del futuro de cuya explotación y utilidades estamos autoproscritos. Las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Algunos que pontifican sobre lo que acaban de aprender dictaminan que, por ser tan sólida nuestra posición, pidamos conforme al Estatuto de la Corte medidas provisionales de resguardo. Desgraciadamente no son viables. La internacionalista Constanze Schulte en su libro “Acatamiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (Nueva York, 2004) examino las 11 medidas cautelares dictadas por la CIJ entre 1946 y 2003. Solo una fue acatada.