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Opinión

La extradición del ex presidente Toledo

10 May. 2017

La extradición del ex presidente Toledo
Martín Belaunde Moreyra

Por: Martín Belaunde Moreyra

El artículo publicado en El Comercio (2/5/17) por los consejeros norteamericanos del ex presidente Toledo, sobre la extradición que el Perú debe iniciarle en los Estados Unidos, genera múltiples reflexiones. En primer lugar es una opinión de parte, pero no constituye la última palabra y ni siquiera la primera, así tales consejeros fueren expertos en extradición, porque el Perú aún no ha iniciado el proceso de extradición en los Estados Unidos. Conforme a las informaciones difundidas hasta hoy, el Poder Judicial del Perú ha remitido por la vía diplomática al Departamento de Estado norteamericano (DOS por su sigla en inglés) sendas órdenes de detención preventiva por presuntos delitos cometidos por el ex presidente Toledo relacionados a las coimas de Odebrecht. Tales órdenes están vinculadas a un futuro pedido de extradición que aún no se ha formalizado.

Para formalizarlo de conformidad a nuestra legislación vigente, se requiere que el gobierno peruano dicte una resolución suprema a pedido de la Corte Suprema, luego que ésta haya emitido su informe aprobando la extradición. Esta resolución suprema debe publicarse en El Peruano como se hace en todos los casos de extradición. La resolución suprema refleja la decisión del Perú de ir adelante con la extradición, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo dispone de la última palabra para solicitarla. Esta decisión es absolutamente ineludible para que la extradición se sujete al ordenamiento jurídico peruano.

Los consejeros del ex presidente Toledo textualmente se toman la libertad de ofrecer una conclusión en el sentido de que “los oficiales de los Estados Unidos han manejado correctamente el caso”. Aquí se presenta una interrogante, ¿en qué caso lo han manejado correctamente, en el de las órdenes de detención o en la extradición? Será respecto de las primeras porque la segunda aún no ha salido del Perú.

El artículo contiene información que debe ser analizada en lo que respecta a la acción conjunta que el DOS debe tomar con el Departamento de Justica (DOJ por su sigla en inglés) para que la futura extradición sea derivada a los tribunales federales que conozcan el pedido peruano de extradición. Con ese fin es indispensable que el Estado peruano contrate a abogados norteamericanos para asesorarlo en el proceso de extradición conforme al tratado y las normas pertinentes de Estados Unidos y del Perú.

Los mencionados consejeros aluden a una presunta interferencia de altos funcionarios del Perú en una extradición que no ha sido solicitada. Igualmente mencionan ataques personales al futuro extraditable realizados en la prensa peruana y en la discusión sobre el tema en el ámbito público del Perú. Esos ataques y discusiones no pueden ni deben ser restringidos en un país libre. ¿Los consejeros pretenden eliminar la libertad de expresión en el Perú? El tratado excluye la motivación política de la extradición, pero no cabe considerarla cuando la información de los presuntos delitos vino de un juzgado federal de los Estados Unidos en un proceso seguido por el DOJ contra Odebrecht por sus actividades ilícitas en América Latina.