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Opinión

La ministra y las ex procuradoras

26 Jul. 2017

La ministra y las ex procuradoras

Por: Martín Belaunde Moreyra

Para entender el tema de este artículo comienzo con un ejemplo. Una persona o una empresa contrata a un abogado para su defensa judicial e incluso le otorga poder para contestar demandas. De repente ese abogado considera que su poder para contestar demandas lo autoriza para interponer una acción judicial en nombre de su cliente, sin haber sido autorizado por éste, ni menos consultado con él. Cuando el cliente se entera, le revoca el poder y lo despide al haberse excedido de sus atribuciones. Pues bien, esto ha ocurrido con las ex procuradoras Príncipe y Ampuero con respecto a la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

¿Qué son los Procuradores Públicos? Son los abogados encargados de la defensa de los intereses del Estado, conforme al artículo 47 de la Constitución. ¿Quién representa al Estado? El Presidente de la República dentro y fuera del país, conforme al inciso 2 del artículo 118 de la Constitución. ¿Cómo es que el Presidente de la República ejerce esa representación? A través del Consejo de Ministros,así como por intermedio del ministro competente con arreglo alartículo 119. ¿Cuál es el ministro competente para la tarea de la defensa de los intereses del Estado? El Ministro de Justicia conforme a la Constitución, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia N° 29809 y el Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, todavía vigente por no haberse reglamentado el Decreto Legislativo N° 1326. Hay dos excepciones a esta regla: la defensa de los intereses económicos del Estado ante tribunales del exterior, en cuyo caso el Ministro de Economía y Finanzas asume esa tarea en cumplimiento de las Leyes 28933 y 29213; y la defensa de los intereses del Estado peruano ante la Corte Internacional de Justicia, función que corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores.

¿Cómo se ejerce esa defensa? Dentro del Perú a través de los Procuradores Públicos, que dependen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado presidido por el Ministro de Justicia o su representante. Fuera del Perú se debe nombrar abogados que ejerzan esa representación conforme a las normas procesales de cada fuero litigioso. Ante la Corte Internacional de Justicia se nombra a uno o más agentes de acuerdo su Estatuto, sin perjuicio de los abogados que los asesoren.

¿Pueden esos Procuradores Públicos contradecir las instrucciones que se les imparta para la defensa del Estado ante los tribunales? No,conforme a la normatividad vigente. El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1068 establece que el Ministerio de Justicia es el ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El Poder Ejecutivo no puede ni debe abdicar de sus funciones de gobierno porque en ese caso estaría violando la Constitución. La autonomía profesional de los procuradores públicos tiene como límite la autoridad del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, el cual responde por la actuación del gobierno en su conjunto. ¿Qué hacer entonces? Creo que lo más sensato en esta situación es negociar con la oposición en el Congreso la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1326. Me parece que no hay otra forma de solucionar este absurdo entuerto.