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Opinión

Las reparaciones civiles a favor del Estado

09 Sep. 2017

Las reparaciones civiles  a favor del Estado

Por: Francisco Chirinos Soto

Se ha informado en estos días que el Estado peruano es acreedor, por más de cinco mil millones de soles, de las reparaciones civiles a las que, junto con las penas privativas de libertad, fueron condenados algunos centenares de terroristas que están cumpliendo tras las rejas la sentencia respectiva o que se encuentran muy próximos a salir de la prisión, por haberse cumplido el tiempo de duración de las sentencias expedidas en contra de los mismos.

Entre estas personas se encuentra una que ha sido objeto de una copiosa publicidad periodística, la misma que ha dado lugar a una reacción en sentido contrario por parte de hombres de prensa o de simples ciudadanos que discrepan de ese inmerecido coro laudatorio. Me refiero, específicamente, a doña Maritza Garrido Lecca quien, tras haber cumplido veinticinco años en la cárcel, debe estar libre por las calles en el curso de la próxima semana.

Ella forma parte de ese enorme grupo de deudores que tiene al Estado como acreedor. Y, como es perfectamente natural, no tiene un céntimo de fortuna, de tal manera que no pagará un solo céntimo de la reparación civil. Así de simple. Quien no tiene con qué pagar simplemente no paga, aunque existan una o más sentencias que declaren su obligación perentoria de pagar. Esta es, obviamente, una regla que no aparece en los textos legales. Los códigos en materia civil, ya sea sustantiva o procesal, se refieren al pago y a la manera de hacer efectiva, por parte del titular, una deuda a su favor. Concede facultades coercitivas, como embargos, remates y cosas por el estilo. Pero si el deudor no tiene recursos ni propiedades, nada podrá hacer el acreedor. No podrá, por cierto, mandarlo a prisión, porque en nuestro país impera la norma que rige en toda comunidad civilizada, cual es la prohibición de la prisión por deuda, contenida de manera expresa y rotunda en la Constitución.

Sin embargo, el Estado tiene un cuerpo jurídico encargado de cobrar las reparaciones civiles, especialmente las que proceden de delitos de terrorismo. Ya un procurador acaba de declarar que los condenados, casi en su totalidad, no tienen dónde caerse muertos. Tampoco tienen dónde caerse vivos. No tienen siquiera el histórico metro cuadrado de tierra que el gran poeta José Santos Chocano reclamaba para ser algún día enterrado de pie.

Los procuradores tienen, en cambio, asegurados sus escritos y sus remuneraciones, aunque no lleguen a cobrar ni un mínimo decoroso que pueda cubrir esos gastos. Se trata, ciertamente, de un organismo público absolutamente inoperante y, por lo mismo, innecesario.

Hace ya varias décadas que se suprimió en el Perú el impuesto a la herencia, porque al Estado le costaba más el aparato burocrático para cobrarlo que el dinero que ingresaba a las arcas fiscales por dicho concepto. Entonces, con sentido práctico y buen criterio, se suprimió el impuesto a la herencia. No estoy pretendiendo algo semejante, ya que la reparación civil debe acompañar siempre a la sentencia penal. Pero creo que podría pensarse en procedimientos y mecanismos más efectivos para que tales reparaciones fueran pagadas. Por lo pronto, que los procuradores se acuerden que deben gestionar los embargos u otras medidas precautorias al comienzo de los procesos y no al final ya que hacerlo como lo hacen ahora configura una enorme ventaja para quienes delincan en perjuicio del Estado.
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