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Opinión

Las resoluciones del Tribunal Constitucional

02 Sep. 2017

Las resoluciones del  Tribunal Constitucional

Por: Francisco Chirinos Soto

Rápida y vigorosa reacción ha sido la del Tribunal Constitucional frente al problema surgido a partir de la publicación virtualmente clandestina de lo que habría de ser la sentencia destinada a poner fin a la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo parlamentario contra la denominada Ley contra el Transfuguismo. El documento leído por el Presidente de dicho organismo, que estuvo acompañado por cinco de sus seis colegas, defiende con claridad y entereza los fueros del Tribunal Constitucional en cuanto a su independencia y a la obligatoriedad de sus resoluciones.

El problema se inició con lo que, según parece, fue la filtración –no la “infiltración” como equivocadamente se ha dicho- de un texto que sería la sentencia ya votada por los siete magistrados miembros del Tribunal Constitucional. Tal texto no lleva firma alguna y se atribuye a cinco de los siete magistrados, mientras otros dos parece que tuvieron opinión distinta. Sin embargo, no existe ese voto discordante ni se ha filtrado el tenor de las consideraciones jurídicas que habrían esgrimido los cinco magistrados mayoritarios, aunque se tiene conocimiento de que su fallo declara parcialmente inconstitucional la ley que ha sido sometida a su decisión. Se trataría, en esencia, de la parte de la sentencia que impide a los representantes a Congreso la formación de nuevos grupos o bancadas. Esta prohibición es considerada por el fallo del Tribunal Constitucional como atentatoria de los derechos constitucionales y legales de los parlamentarios y por tal razón, precisamente, ha sido declarada inconstitucional o anticonstitucional.

Sin embargo, a estas alturas, nada definitivo está dicho, ya que una sentencia del Tribunal Constitucional así como cualquier otra resolución de otros órganos jurisdiccionales –Corte Suprema, cortes superiores, juzgados de primera instancia o juzgados de paz letrados- para tener existencia real y válida, deben constar en un texto escrito, con la firma de todos sus autores, ya sean los cinco vocales de una sala suprema, tres de una superior o los magistrados unipersonales de niveles jerárquicos inferiores. Además, deberán llevar la firma del respectivo secretario quien es, por mandato de la ley, el fedatario de los actos y determinaciones adoptados por los jueces.

Nada de ello hay hasta el momento en que escribo estas líneas. Para que exista la misteriosa resolución del Tribunal Constitucional, es menester que la misma esté redactada y firmada por sus autores –incluyendo los votos disidentes- y autorizada por el Secretario del propio tribunal. Solamente así podrá entenderse y conocer los alcances de la resolución, la misma que, obviamente, será de cumplimiento obligatorio, inclusive por parte del Congreso y los congresistas quienes están compelidos, por mandato constitucional, al cumplimiento de las sentencias sobre inconstitucionalidad que expida el Tribunal Constitucional. No es que el Tribunal esté sobre el Congreso ni que este último se halle ubicado por encima de aquél. Lo cierto es que cada órgano tiene sus funciones, las cuales deben ser cumplidas y respetadas por todos.

Se hace indispensable una reflexión acerca de los manejos que pueden producirse y de hecho se producen en los tribunales y juzgados, cuando una determinada resolución sale de modo prematuro al exterior. Ha de haber una severa vigilancia y, además, una más severa sanción para los responsables de tales sucesos, que por lo general son funcionarios o empleados de rango inferior. La codicia suele resultar el elemento que conduce a acontecimientos tan delicados.