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Opinión

Otra vez la pena de muerte

04 Nov. 2017

Otra vez la pena de muerte

Por:Francisco Chirinos Soto

En nuestro país, así como en el resto del mundo, el tema de la pena de muerte constituye fuente de un debate inagotable. Aquí, como en todas partes, tenemos defensores de la pena capital y tenemos también otros, entre los cuales modestamente me ubico, contrarios a ella. Con motivo de un espeluznante ultraje sexual cometido hace pocos días por un padre en agravio de su propio hijo, de apenas dos años de edad, se ha encendido el fuego de la discusión pública e inclusive, según informaciones periodísticas, se han presentado uno o más proyectos de ley para extender la pena de muerte a los autores de delitos sexuales tan monstruosos y repudiables como el que me acabo de referir.

Nuestra Constitución, en su artículo 140°, autoriza únicamente la pena de muerte para los delitos de traición a la patria y de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los cuales nuestro país es signatario. En cuanto a la traición a la patria, señala la norma que debe producirse en caso de guerra. La anterior Constitución –la de 1979- decía literalmente “en caso de guerra exterior”. Los constituyentes de 1993 suprimieron este último adjetivo y, por ello, puede hablarse válidamente de guerra interior. No estoy de acuerdo con el cambio, pues fui yo, precisamente quien, como Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente 1978-1979, introdujo con firmeza el adjetivo “exterior”. Pero así está la norma constitucional y a esa redacción debemos atenernos.

En todo caso, si se pretende extender la pena capital más allá de los delitos de traición y terrorismo, tendría que reformarse la Constitución, siguiendo las reglas del artículo 206° de la Carta Magna, que establecen un trámite complicado. Además, el Perú tendría que apartarse de los acuerdos internacionales suscritos precisamente con relación a la pena de muerte. La “denuncia” de un tratado, por parte de uno o más de los estados suscriptores de un acuerdo internacional, es el procedimiento que debe seguirse para que un país, en este caso sería el nuestro, quede liberado de las obligaciones contenidas en ese documento supranacional.

Al interior mismo de nuestro Gobierno, parece que no hay unidad de criterio respecto del asunto. Ya el señor Ministro de Justicia, doctor Enrique Mendoza, ha hecho conocer su opinión favorable a la extensión de la pena de muerte a determinados delitos sexuales, pero ha dejado constancia de que se trata de una opinión personal que no tiene por qué comprometer al Gobierno en su conjunto. Quiere decir, pues, que el milenario debate sobre la pena de muerte ha ingresado ya a los recintos interiores del Palacio de Pizarro.

Tengo casi sesenta años de abogado y obtuve mi bachillerato en Derecho con una tesis contraria a la pena de muerte. Esa opinión la mantengo a lo largo de más de medio siglo porque no creo que sea un medio justo y eficaz para detener la criminalidad. En los Estados Unidos, donde hacen estadística hasta del número de calcetines que consume per cápita la población, se estableció que los índices de criminalidad en los estados que conservaban la pena de muerte eran mayores que los propios índices en los estados sin pena de muerte. Ese, entre otros, es un argumento destinado a demostrar que el factor disuasivo que sus partidarios atribuyen a la pena de muerte no es tal.

Pasarán unas semanas y las aguas se aquietarán, hasta que dentro de algún tiempo se produzca algún acontecimiento brutal que sacuda el sentimiento colectivo y esta polémica volverá a las primeras planas de los diarios y a los noticieros de televisión. Y el mundo de los magistrados, los abogados, los periodistas y la opinión pública en general seguirá dividido en dos bandos irreconciliables.