PPK y la libertad de prensa

Por:Francisco Chirinos Soto

Aunque estoy situado entre los comentaristas que han mostrado su disconformidad con las actitudes y estilo del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no puedo menos que expresar mi enorme satisfacción ante la expresión lacónica y categórica del primer mandatario en lo que se refiere al libre ejercicio de la libertad de prensa. “No firmaré ninguna ley que comprometa la libertad de expresión”, ha señalado –palabras más o palabras menos-, el Jefe del Estado, frente a los proyectos presentados en el Congreso de la República, los cuales, bajo el pretexto de apartar a los procesados o condenados por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado –específicamente corrupción- pretenden establecer trabas para la formación y el funcionamiento de empresas dedicadas a la información.

En materia de libertad de prensa, no hay mejor ley que aquélla que no existe, vengo escuchando desde muchos decenios atrás a connotados personajes de la prensa peruana. En efecto, la Constitución trae en su articulado suficientes y categóricas disposiciones. Me refiero específicamente al inciso 4 del artículo 2° de la Carta Fundamental de 1993, que garantiza la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita, o a través de la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin necesidad de autorización previa ni censura ulterior. He ahí la esencia de la principal, de la mayor, de la madre de todas las libertades. Ninguna puede funcionar a cabalidad y exenta de todo riesgo, si no tiene plena y cabal vigencia el derecho a la libre expresión del pensamiento.

La Constitución establece, obviamente, la responsabilidad en el disfrute de la libertad. Pero es una responsabilidad ulterior a su ejercicio como lo son, en definitiva, todas las responsabilidades derivadas de hechos o comportamientos humanos. No puede hacerse efectiva responsabilidad alguna si previamente no ha sido declarada por los tribunales de justicia de la República, a través de una sentencia inamovible, la responsabilidad del autor o los autores.

El proyecto destinado a impedir que personas que hayan sufrido proceso o condena por delitos de corrupción es, por tanto, del todo anticonstitucional. Si la Constitución lo dijera, también sería discutible, porque una Constitución no puede encerrar preceptos que se enfrenten al derecho natural. Toda persona que ha cumplido condena, por cualquier delito, tiene expedido a su favor el derecho de rehabilitación, que consiste en la cancelación y el olvido de cualquier antecedente. Esa persona o cualquier otra pueden actuar como propietario, fundador, director, redactor, o canillita, si se quiere, de un medio de comunicación social. Consecuentemente, cualquier restricción a ese derecho es atentatoria contra principios constitucionales y reglas jurídicas establecidas en defensa y protección de las libertades públicas.

Las damas parlamentarias autoras de ese infortunado proyecto son personas con experiencia, capacidad y firmes convicciones en materia de derechos humanos, pero lamentablemente esta vez se han equivocado. Ha trascendido al respecto que estarían elaborando un proyecto alternativo o sustitutorio, que elimine los graves reparos jurídico constitucionales que ha merecido el original, por parte de diversos estudiosos de la materia. Ojalá que así sea y que los nubarrones que amenazan perturbar el diáfano cielo de la legalidad y constitucionalidad se disipen para siempre.

Compartir