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Opinión

Refrendo y responsabilidad

04 Jul. 2017

Refrendo y responsabilidad

Por: Javier Valle Riestra

La firma que el ministro o Secretario de Despacho pone en los documentos Decretos, Reglamentos, Resoluciones emanados del jefe del Estado, sea Monarca o Presidente de República, no solamente debe ser apreciada con un criterio notarial, viendo en ese acto una certificación de autenticidad de firma, sino que hay que observar ese hecho desde otra óptica: la de la responsabilidad.

Y desde este punto de vista, como lo estudiaremos minuciosamente más adelante, entenderemos como la rúbrica del ministro o secretario de Estado puede tener cualquier de estos significados: a) limitar la actuación del Jefe de Estado mediante la participación material del secretario o ministro en los actos ejecutivos, sean estos políticos, administrativos o de gobierno, o b) trasladar la responsabilidad por el acto refrendado, del Jefe de Gobierno al ministro refrendatario. En Roma, los Questores aparecen suscribiendo los Rescriptos Imperiales. En la Edad Media, Cancilleres y Notarios hacen igual con los decretos de la Corona.

En España, en el año 1135 se empieza a llamar como “Canciller” al guardián del sello real. Las Siete Partidas llama al Canciller “medianero” entre el Rey y los hombres. “todas las cosas que el rey ha de librar el chanciller las debe ver antes que las sellen por guardar que no sean dadas contra derecho”, en cuyo caso “debela romper, o que dicen en latín cancelar et desta palabra tomo nombre Chanciller” (Las Siete Partidas. Paris, 1851. p. 63).

En el Actof Settlement de 1701 señalase que los asuntos deben ser tratados en Consejo “e irán firmados todos los acuerdos y resoluciones que en el se adopten por todos los miembros que en ellos tomen parte”. La Constituyente francesa de 1789 enuncio que “No podrá ejecutarse orden alguna del Rey, si no va firmada por Su Majestad y refrendada por el Secretario de Estado”.

La ley de ministros de 1791, en el título III. Capitulo II, sección IV, artículo 4° decía: “ninguna orden del Rey, ninguna decisión del Consejo, podrán ser ejecutadas sino están refrendadas por el ministro competente dada la naturaleza del asunto”. Y la ya comentada Constitución gaditana de 1812 repitió: “Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario del Despacho del ramo; ningún tribunal ni persona publica dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito”. Es antiquísimo precepto del common law que el Rey no puede actuar mal; que el Rey no puede equivocarse que no puede realizar ningún daño, ningún entuerto.