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Opinión

Un tribunal de excepción no es tribunal ordinario

05 Sep. 2017

Un tribunal de excepción no es tribunal ordinario

Por: Javier Valle Riestra

Un Tribunal de excepción no es un tribunal ordinario y normalmente es constituido ex -post-facto, con poderes para imponer penas mayores que las del Derecho penal común. Pero un Tribunal especial, legalmente investido del poder de conocer, en virtud de reglas generales, de ciertas infracciones en las que los autores tengan ciertas calidades, no puede ser calificado de Tribunal de excepción. Así lo resolvió el Tribunal federal suizo en el caso del Zaire versus el ex ministro Batwanyele Losembe, alias Mario Cardoso, en su sentencia del 11 de julio de 1973.

Tribunales de excepción fueron en el Perú la Corte Central de 1865, organismo ad hoc, de carácter transitorio y decisiones inapelables para que conociese y castigase los delitos que se achacaban a los personajes del régimen depuesto.
El artículo 5° del instrumento legal de su creación especificaba sus atribuciones: La Corte Central conocerá de los delitos a que se refieren los artículos anteriores, respecto de los funcionarios para cuyo juzgamiento se exija procedimiento previo en las Cámaras legislativas, y de aquellos que deban según el Código ser juzgados con jurisdicción especial.

Y por supuesto que tuvo ese carácter el Tribunal de Sanción Nacional creado por decretos leves 1678, del 9 de setiembre de 1930 y 6910, del 28 de octubre de ese año. Ya el 31 de agosto un decreto ley señalaba el propósito de aquel organismo: determinar la inversión dada a los fondos públicos por el régimen anterior, y establecer la debida responsabilidad sobre los ex gobernantes, los funcionarios y empleados públicos y los particulares que hayan defraudado al fisco u obtenida ganancia ilícita con detrimento de los dineros del Estado.

Los delitos perpetrados durante el oncenio leguiísta eran imprescriptibles; las denuncias podían serlo por acción popular; las salas sentenciadoras tenían personal escabino e inclusive militar; la instancia era única y los fallos no recurribles; e, ítem más, el Tribunal podía formular, conforme al decreto ley 7041, “una relación de las personas sindicadas por la opinión pública como defraudadoras de las rentas fiscales”.

Si a alguno de los leguiísta asilados en embajadas que marcharon al extranjero con salvoconducto, Rada y Gamio, Leguía Swayne, se les hubiese pretendido extraditar, la entrega hubiese sido denegada porque el Tribunal de Sanción era un organismo profano, ad- hoc, de excepción. Si la pena conminada fuese menor de un año de prisión, no se accedía al pedido por su poca trascendencia.