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Opinión

Vida o muerte

06 Nov. 2017

Vida o muerte

Por: Antero Flores-Araoz

Comenzaré diciendo que siempre me inclino a la vida respecto a la muerte, ello en relación con la pena capital para gravísimos delitos.

Las motivaciones para dicha posición son diversas, como por ejemplo que no está probado que la aplicación de la pena de muerte sea disuasiva; no se podría con ella corregir errores judiciales, que si se podrían enmendar con pena privativa de libertad; no se cumple con la característica de la pena de ser resocializadora, pues a los muertos no se les resocializa, aunque comprendiendo que en nuestros establecimientos penitenciarios la resocialización es una quimera.

Además de las motivaciones fácticas mencionadas, tenemos las de carácter jurídico. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Perú es signatario, no permite restaurar la pena de muerte en aquellos países que la hubieran abolido, ni tampoco permite ampliarla a más delitos de los que pudieren ser sancionados con ella.
El Perú tenía constitucionalmente permitida la pena de muerte para traición a la patria, limitada en caso de guerra exterior, ello cuando en la Constitución de 1979 se le dio rango y aprobación constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego en la Constitución de 1993 se quitó el límite con lo cual quedó la pena, en teoría, para toda traición a la patria y al terrorismo. Estas ampliaciones no fueron incorporadas a la normatividad penal, por ir contra lo establecido en la Convención a que nos hemos referido.

El tema de la pena capital se ha convertido en recurrente, pues cada vez que se comete algún delito atroz, inmediatamente se reclama el cambio constitucional para que se pueda establecer dicha gravísima sanción a delitos que lo ameriten, como por ejemplo la violación a niños. El reciente terrible caso de un padre que violó a su hija de dos meses, ha vuelto a poner el asunto sobre el tapete, y se alzan voces a favor y en contra de la pena de muerte.

Lo cierto es qué con el facilismo de la elevación de sanciones, tenemos más modificaciones al Código Penal que su articulado, y se ha roto la organicidad del mencionado Código que estaba sustentada en la concordancia entre el bien jurídico tutelado, la gravedad del delito y la severidad de la sanción. Hoy por hoy hay delitos de sesgo patrimonial que tienen sanción más grave que la de cegar la vida, lo que es inadmisible.

En todo el actual debate sobre la pena de muerte, el Ministro de Justicia ha sido sometido a bulling mediático, simplemente por, ejerciendo su derecho a opinar, mostrarse partidario de la pena máxima para ciertos delitos muy graves que estremecen a la sociedad. El Presidente de la República tiene opinión distinta, ambos seguramente con sus razones, pero ello no significa enfrentamiento ni nada que se le parezca, porque cualquier cambio normativo, incluso constitucional, no depende del Ejecutivo sino del Legislativo. El suelo está parejo.

Siendo pro vida, a veces tengo sentimientos contradictorios, respecto a alevosos, abusivos y feroces delincuentes, sobre si deben seguir con vida.