logo La Razón
El diario de todos los peruanos
Política

Contraloría denuncia a Odebrecht y a sus socios

18 Mar. 2017

Contraloría denuncia a  Odebrecht y a sus socios
Odebrecht

También a funcionarios del MTC y Ositran por Interoceánica

Auditoría calcula que se habría ocasionado un perjuicio económico al país por más de US$ 180 millones

La Contraloría, a través de su Procuraduría Pública, denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios y servidores públicos, y tres representantes del consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA, quienes habrían concertado acciones para defraudar al Estado en la ejecución del contrato del tramo vial Urcos-Inambari Tramo 2 Perú – Brasil, de la Carretera Interoceánica Sur. La denuncia fue presentada el 14 de marzo de 2017.

Una auditoría realizada por la Contraloría General al periodo Agosto 2005 – Julio del 2015, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), señala que las presuntas irregularidades detectadas habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico que asciende a más de US$180 millones 363 mil dólares.

La denuncia que comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provías Nacional, y del OSITRAN, también incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. (comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA) quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

La denuncia penal señala tres casos de presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General, a través de una auditoría de cumplimiento.

El primer caso es la presunta colusión para el pago injustificado y en exceso por tres obras en las zonas de Hualla Hualla, Huaylloc y Ocongate, lo que habría ocasionado un perjuicio de US$ 101 millones 747 mil.

El segundo caso es por incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos, ajenos a la materia de la supuesta controversia, que fue aprobado por OSITRAN, y que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 57 millones 389 mil.
Por último, el tercer caso es por una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial. Aquí se habría ocasionado al Estado un perjuicio por más de US$ 21 millones.