Maduro confisca a General Motors en medio de dura represión a oposición

Muertos de marchas suben a

Unión Europea, AI y la Iglesia Venezolana piden garantizar el derecho a la protesta

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de una dura respuesta represiva contra los manifestaciones de la oposición que volvieron este jueves por segundo día a desafiarlo en las calles de las principales capitales del país, confiscó la planta de la empresa transnacional General Motors- GM de Venezuela, por supuestamente paralizar su producción y boicotear la recuperación económica del país.

La denuncia de la confiscación de la planta industrial de la GM localizada en Valencia, fue hecha por los propios directivos y se produce en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Venezuela, que ya ha afectado a muchas firmas estadounidenses.

Otra víctima más

De otro lado, las víctimas fatales a causa de la violenta represión lanzada por el gobierno chavista contra las protestas de la oposición, sumaron este jueves a tres, luego del deceso de la tercera víctima, el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Niumar San Clemente Barrios, a causa de un balazo disparado por un francotirador, en la localidad de San Antonio de los Altos, en el estado de Miranda, unos 20 kms. de Caracas.
El policía participaba junto con sus colegas en la disolución de una marcha de la oposición cuando recibió un certero balazo que lo dejó gravemente herido, falleciendo luego en las primeras horas de este jueves.

Reacciones

Las otras víctimas registradas en la marcha del miércoles 23 fueron Pâola Andreína Ramírez Gómez (23) y Carlos José Moreno (17) a causa de balazos disparados por sujetos pertenecientes a los llamados colectivos chavistas que se desplazaban en motocicletas que les impactaron en la cabeza y les causaron la muerte de inmediato.

Frente a la intensificación de la represión lanzada por el gobierno contra las manifestaciones de la oposición, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) demandó al gobierno respetar la “dignidad” de los ciudadanos que protestan en todo el país.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno garantizar el derecho de su población a protestar pacíficamente; y la Unión Europea pidió a las autoridades del país que investiguen “las muertes y los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.

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