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Política

Toledo y Humala podrían librarse de condena por lavado de activos

09 Sep. 2017

Toledo y Humala podrían librarse de condena por lavado de activos

Con cuestionada casación de la Corte Suprema

Advierten de riesgo para megaprocesos vinculados a caso Lava Jato

Las investigaciones a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala por la coima de US$20 millones a uno y el aporte de US$3 millones a otro, respectivamente, se vería seriamente perjudicada por la polémica casación 92-2017 que determina que se debe identificar el “delito precedente” en las investigaciones por Lavado de Activos.

En las últimas horas Mauricio Mulder y Alberto de Belaunde han sostenido coordinaciones con un representante de la unidad de lavado de activos del Ministerio Público. A ambos se les identificaron todos los casos que se caerían como castillo de naipes si la casación se mantiene en los términos que se ha redactado.

Mulder, tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la comisión Lava Jato, advirtió que Toledo Manrique ya debe haber sido informado por sus abogados la decisión del juez Cesar Hinostroza Pariachi.
El legislador subrayó que un elemento clave de la resolución es que es de obligatoria observancia para los jueces, es decir que para configurarse el delito de lavado de activos el que recibió el dinero sucio debe haber “presumido” que era ilegal.

“¿Y si alega que pensó que el dinero era legal, que nunca supo de los acuerdos entre Maiman y Odebrecht? Toledo está desesperado y va a forzar la ley para tratar de beneficiarse”, subrayó.

Esta misma situación favorecería a Humala y Nadine Heredia, quienes también son procesados por presunto lavado de activos, por haber recibido US$3 millones en efectivo de manos del exmandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, un dinero que provenía de la denominada ‘caja 2’ destinada al pago de sobornos.

Fuentes fiscales advierten que quienes también se beneficiarían directamente son Peter Ferrari, Rodolfo Orellana y el Clan de los Sánchez Paredes, entre muchos otros cuyos casos se caerían como un castillo de naipes.

La coordinación del Ministerio Público también se ha establecido con la Comisión de Justicia del Congreso. Fue luego de ese contacto que Alberto de Belaunde hizo público un comunicado firmado por los integrantes de la comisión que preside advirtiendo que la casación de la Corte Suprema representa una “amenaza” para las investigaciones de lavado de activos que se realizan en el país.

Cabe indicar que el pedido del Ministerio Público para que se concrete cuanto antes un pleno casatorio en la Corte Suprema que defina cómo se regulará en adelante los procesos e investigaciones por lavado de activos en el país se encuentra en el despacho del juez César San Martín.

Será el referido magistrado supremo quien decidirá, previa coordinación con sus colegas, cuándo se llevará a cabo este pleno que la fiscalía considera indispensable.