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Política

Velásquez Quesquén critica que ONG financien defensa de los terroristas

12 Oct. 2017

Velásquez Quesquén critica que ONG  financien defensa de los terroristas

Mientras los militares y policias denunciados deben costear sus propios abogados

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, criticó que en nuestro país mientras las ONG presuntamente defensoras de los derechos humanos defienden legalmente a los terroristas, los policías y militares que resultan procesados producto de su participación en diversos operativos, tienen que financiar su propia defensa.
En ese sentido, consideró necesario que “se deben equilibrar los derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que son procesados”.

“Los policías o militares que son acusados deben ser investigados pero terminan siendo procesados por 30 años o más a veces y con su propio dinero se defienden. Sin embargo, los terroristas tienen a las ONG que supuestamente protegen los Derechos Humanos y son estas las que financian su defensa. Yo creo que se debe equilibrar el tratamiento de los derechos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, agregó.

De otro lado, el congresista aprista respaldó el nuevo proyecto que plantea que los militares tengan un penal especial. Ello luego de que su colega Víctor Andrés García Belaunde (AP) las calificara de “cárceles doradas”.

“No son cárceles doradas, lo que propone el proyecto de Ley es que aquellos policías y militares que en la eventualidad de que estén procesados por haber participado en un acto de función frente al terrorismo, al ser condenados, puedan purgar su condena en los establecimientos que tienen las FF.AA. y PNP. No es ningún privilegio”, anotó.

La iniciativa legal fue aprobada en la Comisión de Defensa esta semana con nueve votos a favor y una abstención, del oficialista Gino Costa.

El texto sustitutorio aprobado establece que los militares o policías procesados o condenados “por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, cumplan prisión en centros de reclusión militares, a fin de preservar su integridad”.

Asimismo, plantea que sea el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el que evalúe y apruebe los traslados a los centros de reclusión militares, “manteniéndose en ellos las condiciones de detención y reclusión que la ley establece para el sistema penitenciario peruano”.